Durante la regencia de María Cristina, Javier de Burgos,
Ministro de Fomento bajo el gobierno de Cea Bermúdez, se hizo cargo de la
división provincial de finales de 1833 que sigue vigente con algunas
modificaciones hoy en día. Fue un Real Decreto, fechado el 30 de noviembre de
1833, con siete artículos, el que establecía la constitución de cuarenta y nueve
provincias. En virtud de aquél, el antiguo Reino de Murcia quedaba dividido en
dos provincias, y ambas administradas por el Gobierno central: la de Albacete,
al norte, y la de Murcia, al sur. Las provincias recibieron el nombre de sus
capitales (excepto cuatro de ellas, que conservaron sus antiguas
denominaciones: Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa
con San Sebastián y Vizcaya con Bilbao). El proyecto de Javier de Burgos fue
prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud,
Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de
capital. El modelo de Javier de Burgos eran los departamentos franceses y si
bien muchas de las decisiones de límites y adscripciones a provincias pudieron
parecer arbitrarias (de acuerdo a criterios históricos y geográficos), no lo
fueron tanto, puesto que seguían ciertos criterios "racionales":
extensión (desde el punto más alejado de la provincia debería poder llegarse a
la capital en un día), población (las provincias deberían tener una población
entre 100.000 y 400.000 personas) y coherencia geográfica. A la cabeza de cada
provincia, el gobierno de la nación designaría un representante, que ostentaría
el título de jefe político.
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